El 31 de marzo de 2026 se ha publicado en el BOE el Real Decreto 238/2026, de 25 de marzo, que desarrolla el sistema de facturación electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales. Esta norma modifica el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.
I. Qué regula este Real Decreto
El Real Decreto 238/2026 no crea la obligación de facturar electrónicamente, sino que la desarrolla. La obligación ya estaba prevista en la Ley 18/2022, de creación y crecimiento de empresas. Esta norma concreta cómo debe funcionar el sistema en la práctica y establece su arquitectura operativa.
En particular, regula:
- Los requisitos técnicos de la factura electrónica
- Las condiciones de las plataformas de intercambio
- La creación de una solución pública de facturación electrónica
- La obligación de informar sobre el estado de las facturas
Se pasa así de una previsión legal genérica a un sistema completo, interoperable y trazable.
En cuanto al objeto del Real Decreto, el artículo 1 dispone que:
Este real decreto tiene por objeto establecer los requisitos técnicos y de información del sistema español de factura electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales; los requisitos exigibles a las plataformas de intercambio de facturas electrónicas, entre ellos, los de interoperabilidad e interconexión mínima entre éstas; así como la regulación de los distintos estados de las facturas y el establecimiento de determinadas obligaciones de suministro de información, en desarrollo de lo previsto en el artículo 2 bis de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
Asimismo, este real decreto tiene por objeto desarrollar la disposición adicional vigesimoprimera de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, relativa a la solución pública de facturación electrónica.
II. Ámbito subjetivo: a quién afecta
La norma se aplica a todos los empresarios y profesionales en sus relaciones B2B, es decir, en operaciones entre empresas o entre profesionales.
Esto incluye:
- Autónomos
- Pequeñas y medianas empresas
- Grandes empresas
La regla general es clara: cualquier operación entre empresarios o profesionales deberá documentarse mediante factura electrónica.
III. Funcionamiento del sistema
El modelo diseñado se basa en dos pilares: interoperabilidad y control público.
Existen dos vías para emitir facturas electrónicas:
- Por un lado, las plataformas privadas, que deberán cumplir requisitos técnicos y garantizar la interconexión entre sistemas, evitando entornos cerrados.
- Por otro lado, una solución pública gestionada por la Administración, que será gratuita y permitirá emitir, recibir y consultar facturas, así como conocer su estado.
Además, la Agencia Tributaria podrá acceder a la información necesaria para supervisar el funcionamiento del sistema y los plazos de pago.
IV. Una novedad esencial: el control del pago
Uno de los elementos más relevantes de la norma es que no se limita a regular la emisión de la factura. Introduce la obligación de informar sobre su evolución posterior, incluyendo:
- La aceptación o rechazo de la factura
- El pago efectivo
- La fecha en la que se produce dicho pago
Esta información deberá comunicarse en plazos determinados. El sistema deja de ser un mero instrumento de documentación para convertirse en un mecanismo de control de la morosidad empresarial.
VI. Entrada en vigor y aplicación efectiva
La norma entra en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE. No obstante, su aplicación efectiva queda condicionada a la aprobación de una orden ministerial que desarrollará aspectos técnicos del sistema.
A partir de ese momento, la implantación será progresiva:
- Empresas con volumen de negocio superior a 8 millones de euros: 12 meses
- Resto de empresarios y profesionales: 24 meses
Por tanto, la obligación no será inmediata, pero sí inevitable a medio plazo.
VII. Régimen transitorio
Durante el periodo de implantación se prevén mecanismos de adaptación progresiva.
Se permitirá el uso de determinados formatos tradicionales en algunos supuestos, y se garantizará la transición desde los sistemas actuales hacia el nuevo modelo.
El objetivo es facilitar la adaptación sin alterar bruscamente la operativa empresarial, aunque el resultado final es claro: la generalización de la factura electrónica en el ámbito B2B.
VIII. Modificación del Reglamento de facturación
El Real Decreto modifica el Reglamento de facturación aprobado por el Real Decreto 1619/2012. Esta modificación supone la adaptación del régimen tradicional de facturación a un entorno plenamente digital, integrando la factura electrónica en el núcleo del sistema tributario.
IX. Ideas clave
Desde el punto de vista jurídico, conviene retener:
- La factura electrónica será obligatoria en relaciones B2B
- Se articula un sistema mixto con plataformas privadas y solución pública
- Se introduce el control del estado de la factura y del pago
- La implantación será progresiva
- La finalidad principal es combatir la morosidad
X. Conclusión
La factura electrónica deja de ser una herramienta técnica para convertirse en un instrumento de control. Hasta ahora, la factura acreditaba la existencia de una operación.
A partir de ahora, permitirá conocer también si esa operación ha sido efectivamente pagada y en qué momento.
Por consiguiente, no se trata solo de una digitalización del sistema, sino de un cambio en la lógica del tráfico económico y empresarial.
Esperamos que haya sido de vuestro interés.
