A la Justicia solemos representarla con una venda sobre los ojos. Algunos tribunales de oposiciones, sin embargo, parecen haber considerado conveniente levantársela para conocer el nombre de los aspirantes antes de corregir sus exámenes. No sabemos si la venda complicaba demasiado la organización administrativa, pero lo cierto es que una decisión adoptada para facilitar la corrección de unos ejercicios ha terminado, seis años después, en el Tribunal Supremo. Y, como veremos, con consecuencias bastante poco compatibles con aquella pretendida eficacia.
La Sentencia del Tribunal Supremo 1152/2026, de 14 de octubre (recurso de casación 5981/2024), aborda una cuestión especialmente relevante en los procedimientos selectivos: ¿pueden los tribunales calificadores exigir que los opositores escriban sus nombres y apellidos en los ejercicios para facilitar su corrección? La respuesta del Alto Tribunal es clara: cuando las características de una prueba permiten preservar el anonimato, la Administración debe garantizarlo, aunque las bases de la convocatoria no lo establezcan expresamente, sin que las dificultades organizativas o la conveniencia de agilizar la corrección constituyan, por sí solas, razones suficientes para excluir esta garantía.
El origen del litigio se encuentra en un proceso selectivo para ingresar en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, convocado en 2019. El tercer ejercicio consistía en responder por escrito a diez preguntas de Derecho procesal, durante noventa minutos, con una puntuación máxima de 25 puntos y una nota mínima de 12,50 para superarlo. El recurrente obtuvo 12,41 puntos, quedándose a tan solo nueve centésimas del aprobado. Sin embargo, la controversia no se limitaba a la calificación obtenida, sino que afectaba a una circunstancia especialmente significativa: el tribunal había exigido a los aspirantes que escribieran sus nombres y apellidos en las hojas del examen, permitiendo que los correctores conocieran su identidad.
La Administración justificó esta decisión alegando el elevado número de participantes y las dificultades organizativas que suponían la corrección de los ejercicios y su remisión al Tribunal Calificador Único. El asunto llegó inicialmente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que estimó parcialmente el recurso por la insuficiente motivación de la calificación, pero consideró admisible la identificación de los opositores, fundamentalmente porque las bases únicamente exigían expresamente el anonimato en los ejercicios corregidos mediante procedimientos mecánicos. El Tribunal Supremo, sin embargo, rechaza este razonamiento y recuerda que el silencio de las bases no permite prescindir de las garantías que derivan de los principios constitucionales de acceso a la función pública. Tampoco puede confundirse la facultad de comprobar la identidad de quienes realizan un examen con la posibilidad de que los correctores conozcan la autoría de las respuestas.
La fundamentación jurídica de la sentencia descansa en los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución, que consagran los principios de igualdad, mérito y capacidad. El anonimato constituye una garantía instrumental destinada a evitar que el conocimiento de la identidad del aspirante pueda influir, consciente o inconscientemente, en su valoración. Esta doctrina no es completamente novedosa, pues el Tribunal Supremo ya había reconocido su exigibilidad, incluso aunque las bases no la contemplasen expresamente, entre otras, en sus sentencias de 19 de enero de 2009 y 19 de mayo de 2025. La principal aportación de la nueva resolución consiste en precisar que la exclusión del anonimato requiere circunstancias objetivas debidamente justificadas, que respondan a una finalidad legítima y permitan respetar el principio de igualdad, sin que la mera conveniencia de agilizar la corrección pueda considerarse suficiente.
A mi juicio, el razonamiento resulta especialmente acertado y conecta con una previsión del Estatuto Básico del Empleado Público que conviene recordar. Su artículo 55.2.f) establece, entre los principios generales de los procesos selectivos, la «agilidad, sin perjuicio de la objetividad», sin perjuicio del régimen específico aplicable al personal de la Administración de Justicia. La precisión del legislador resulta particularmente reveladora: la rapidez administrativa es deseable, pero no a costa de las garantías de imparcialidad. Además, en el ámbito de la Administración Local, el artículo 4.c) del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, exige expresamente garantizar el anonimato en los ejercicios escritos siempre que sea posible, dentro de su ámbito de aplicación y sin perjuicio de la legislación autonómica específica. No estamos, por tanto, ante una exigencia desconocida ni ante una obligación que el Supremo haya introducido repentinamente en nuestro ordenamiento.
Ahora bien, debemos evitar interpretaciones maximalistas. El anonimato no constituye una exigencia absoluta aplicable indiscriminadamente a cualquier prueba selectiva. El propio Supremo admite excepciones objetivamente justificadas, como sucede con determinadas pruebas orales o con los ejercicios escritos que deben ser leídos públicamente ante el tribunal. Lo determinante es la naturaleza de la prueba y la existencia de razones legítimas que permitan justificar la identificación. Por tanto, no estamos ante una prohibición general de los ejercicios nominativos, sino ante la exigencia de que cualquier excepción al anonimato esté suficientemente fundamentada.
Las consecuencias de la sentencia también merecen una reflexión. El Supremo declara la nulidad del tercer ejercicio y ordena su repetición, sin reconocer directamente el aprobado al recurrente, puesto que no existen elementos que permitan concluir que hubiera superado la prueba. Al mismo tiempo, preserva los derechos de los terceros de buena fe que consiguieron superar el proceso selectivo. Sin embargo, resulta legítimo preguntarse si, después de aproximadamente seis años de litigio, no habría sido preferible examinar con mayor profundidad la posibilidad de realizar una nueva corrección anónima de las respuestas originales. De hecho, la STS 1443/2017, de 26 de septiembre, había considerado suficiente esta solución para reparar una vulneración del anonimato, evitando la repetición material del ejercicio. Curiosamente, el ponente de aquella resolución fue el mismo magistrado que firma la sentencia de 2026. Naturalmente, las circunstancias de ambos asuntos pueden justificar soluciones diferentes, pero considero que la nueva sentencia podría haber explicado con mayor detalle por qué no resultaba adecuada aquella alternativa.
Finalmente, esta resolución invita a una reflexión más amplia sobre la objetividad de nuestras oposiciones. Como ha señalado José Ramón Chaves al comentar esta sentencia en su conocido blog delaJusticia.com, también debería abrirse el debate sobre las garantías de imparcialidad en los ejercicios orales, donde los tribunales conocen habitualmente la identidad de los candidatos. Comparto la conveniencia de estudiar mecanismos que reduzcan los posibles sesgos, aunque debemos evitar confundir el conocimiento de la identidad del aspirante con la existencia de favoritismo. Y añadiría una consideración: de poco sirve ocultar escrupulosamente el nombre del opositor si después los criterios de corrección son ambiguos, las calificaciones carecen de motivación suficiente o los mecanismos de revisión resultan ineficaces. El anonimato constituye una garantía fundamental cuando resulta exigible, pero debe acompañarse de tribunales profesionales e imparciales, criterios de valoración transparentes y decisiones suficientemente motivadas.
En definitiva, la sentencia nos recuerda que en una oposición debe importar lo que sabe el aspirante, no quién es el aspirante, y que las garantías constitucionales no pueden quedar subordinadas a las comodidades organizativas de la Administración. No deja de resultar paradójico que una decisión adoptada para ahorrar tiempo en la corrección de unos exámenes haya terminado provocando seis años de litigio y una sentencia que ordena repetir el ejercicio. Una vez más, la pretendida eficacia administrativa ha terminado convirtiéndose en su propia caricatura. Quizá convendría recordar aquel viejo principio latino, festina lente, que aconsejaba apresurarse despacio. Porque, como demuestra este caso, cuando la Administración pretende ahorrar tiempo prescindiendo de las garantías, puede terminar perdiendo bastante más del que pretendía ganar. Sala tercera dixit.
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