El 6 de diciembre de 1978 no fue un día de celebración. Fue un día de alivio. Un día en el que un país otrora herido y dividido decidió (por primera vez en mucho tiempo) no mirarse como campo de batalla, sino como camino a transitar en común.
Ese día nació la Constitución. Pero en realidad emergió algo más profundo: la voluntad de convivir.
Porque una verdadera Constitución no es solo un texto normativo ni una mera declaración programática o de principios: es un recordatorio solemne de que las sociedades sobreviven cuando encuentran un punto de acuerdo sobre su futuro, sus miedos y sus esperanzas.
El 6 de diciembre de 1978, España se habló a sí misma. Y se prometió seguir adelante. Pero, como ahora veremos, el secular camino hasta las libertades conquistadas en 1978 no fue precisamente fácil.
Unos antecedentes de sangre y acero: de Prim a Carrero
En el siglo XIX y hasta el primer tercio del siglo XX tuvimos, al menos nominalmente, varias Constituciones, pero aquello no era comparable a lo que disfrutamos ahora. Otros tiempos y otra realidad: otro país.
Un país que, tras guerras, pronunciamientos, restauraciones fallidas, golpes, espadones, violencia política y una sucesión vertiginosa de Constituciones (que unos y otros se tiraban a la cara con alegría y de modo indisimulado), trataba de abrirse paso hacia el Estado liberal.
Un país con el dudoso honor de tener el récord europeo (y puede que mundial) de jefes de Gobierno asesinados en apenas un siglo. Sic semper tyrannis, debían pensar los pistoleros, en curioso homenaje a la tradición romana. España, pues, tierra de magnicidios. Y no, no es una exageración retórica:
Juan Prim (1870), Antonio Cánovas del Castillo (1897), José Canalejas (1912), Eduardo Dato (1921) y Luis Carrero Blanco (1973). Casi nada. Y eso sin contar los intentos frustrados, ya en democracia, contra Juan Carlos I o el coche bomba a José María Aznar, entre otros.
Mención especial merece el recordado Antonio Maura (político de altura: “la revolución desde arriba” y Presidente del Consejo de Ministros), que fue objeto de atentado dos veces: en 1904 y en 1907. Especialmente odiado por anarquistas y revolucionarios (más si cabe tras la dura represión de la Semana Trágica de Barcelona en 1909), el propio Pablo Iglesias Posse, fundador del PSOE y de la UGT, hizo una declaración célebre, contundente y aterradora, que ha pasado a la historia como una de las frases más incendiarias del parlamentarismo español.
En una sesión del Congreso de los Diputados de 1910, dijo públicamente: “Al señor Maura no se le puede discutir, hay que ir a la violencia; al atentado personal si llegara el caso.” De las actas de aquellos parlamentos y por la documentación conservada sabemos que el Presidente del Congreso, Álvaro Figueroa, Conde de Romanones, le invitó a retirar la declaración. No solo no la retiró: se ratificó en ella.
Alguno dirá: “eran otros tiempos”. Bien. En pleno año 2025, desde la tribuna del Congreso de los Diputados, cierta dirigente volvió a hablar de “reventar” al adversario. Reventar: romper con violencia. Un siglo después, la fauna política ibérica sigue jugando con dinamita. No hemos aprendido nada.
Los alumnos más jóvenes estaréis, con razón, bastante sorprendidos. No os preocupes, es normal. A los que somos víctimas de la LOGSE, tampoco se nos puede exigir mucho más. En el colegio no me lo contaron y, lo que es peor: en la Universidad tampoco. Y, modestia aparte, he estudiado en tres.
Por tanto y en suma, que nadie piense que las Constituciones del siglo XIX eran algo ni remotamente parecido a lo de ahora: vertebradoras, consensuadas, estables e integradoras.
No nos engañemos, al menos en España, ninguna lo fue: 1812 (nacida en Cádiz en plena guerra, querida, odiada y cantada: ¡Viva la Pepa!); 1834 (Estatuto Real, un querer y no poder, carta otorgada por la Corona al estilo francés, autoritaria, solución provisional en medio de la guerra carlista); 1837 (liberal e ilustrada, texto maduro y equilibrado para su época, pero fugaz); 1845 (la conservadora y bien domada, centralizadora, muy de “aquí mando yo”); 1856 (frustrada y non nata, pues embarazada, murió antes del parto); 1869 (progresista a la manera actual pero breves sus días de gloria: duró lo que tarda un rey en irse y otro en no llegar); 1873 (primera republicana: un impracticable ensayo federal y un desastre institucional: cuatro presidentes en once meses y Cartagena proclamándose independiente); 1876 (restauradora, estable y un pelín más abierta, pero caciquil: la del turnismo sagasta-canovista) y 1931 (segunda republicana, ambiciosa y explosivamente anticlerical; heredera del peor constitucionalismo español, “invitaba a la Guerra civil”, según reconoció en sus Memorias el propio Presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora).
La del constitucionalismo español no es precisamente una historia caracterizada por los consensos, el pacifismo, el ayuno y la contención. Más bien todo lo contrario, tal y como atestigua aquel célebre dicho decimonónico, que rezaba: “¡Trágala, carlistón, trágala Constitución!”, grito político popularizado en la época. La Constitución no se discutía: se escupía. En la cara del adversario y apuntando al ojo. A jod*rle. La Carta Magna entendida, pues, como letal arma arrojadiza entre los hunos y los hotros (Unamuno dixit).
Tampoco la tan venerada Constitución republicana de 1931. El propio Niceto Alcalá-Zamora, presidente de la República, la calificó literalmente como “una Constitución que invita a la guerra civil”. No se equivocaba.
Puede recordarse a los intelectuales republicanos más influyentes de la época, como José Ortega y Gasset, una de las figuras cumbre del pensamiento español (y fundador de la Agrupación al Servicio de la República, junto con Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala) y su célebre artículo: “No es esto, no es esto”. Luego constató la deriva revolucionaria y la carnicería que la subsiguió. En efecto, José, la modernidad no era eso.
También fue durísimo Pérez de Ayala: “Cuanto se diga de los desalmados mentecatos que engendraron y luego nutrieron a los pechos nuestra gran tragedia, todo me parecerá poco… Lo que nunca pude concebir es que hubiesen sido capaces de tanto crimen, cobardía y bajeza.”
Y Gregorio Marañón, con su proverbial claridad de médico y la honradez de persona decente: “Tengo que reconocer, o sea, mi amor a la verdad, me obliga a reconocer que la república ha sido un fracaso trágico”.
Hacia el año 1936 en España ya se había sublevado casi todo el mundo contra la República: agosto de 1932 (la Sanjurjada), enero de 1933 (insurrección anarquista en Casas Viejas) y la más sonada y sangrienta de todas: socialistas en Asturias y separatistas en Cataluña, en octubre de 1934. Este golpe a la II Republica fue sofocado bajo el mando de un reputado general republicano, ascendido en África tiempo ha por méritos militares, llamado Francisco Franco.
Tras las elecciones, pucherazo incluido, de febrero de 1936 y la violencia política que siguió en esos meses, en julio de 1936 se desencadenaron los acontecimientos.
El secuestro y asesinato (a manos de Guardias de Asalto y de la escolta socialista vinculada a Indalecio Prieto, figura algo más moderada que la cabeza del ala dura de Largo Caballero) del líder de facto de la oposición, José Calvo Sotelo, el 13 de julio de 1936 (José María Gil-Robles se libró porque no lo encontraron), fue el detonante inmediato del levantamiento militar del 18 de julio de 1936. Como anécdota, Franco fue el último en sumarse al alzamiento (lo llamaban coloquialmente Miss Canarias, porque no se decidió hasta lo de Calvo Sotelo). La historiografía más solvente coincide en señalar el asesinato de Calvo Sotelo como factor decisivo de la aceleración del golpe (por todos, léase Stanley G. Payne).
Y llegamos a las dos Españas, simplificando los bandos en liza:
Por un lado, el bando nacional: carlistas tradicionalistas y requetés militarizados, monárquicos alfonsinos partidarios de Alfonso XIII (y que más tarde se dividirían en juanistas y juancarlistas, según apoyasen la causa de padre o hijo), las derechas y conservadores de la CEDA de Gil Robles, el Bloque Nacional de Calvo Sotelo, una parte de la Iglesia Católica, la oficialidad africanista (el ejército sublevado, los regulares y la legión), nacionalsindicalistas, juntas de ofensiva y el grupo falangista joseantoniano, en origen pequeño pero a la postre el más combativo y juvenil, reuniendo la mayor parte de los alistamientos.
Por otro lado, el bando rojo: republicanos de izquierdas, PSOE y socialistas divididos en dos (un pequeño grupo de reformistas y un grupo más grande, muy bolchevizado), la UGT, los comunistas también divididos (el PCE, ortodoxo y obediente a Moscú, y el POUM, contrario a Moscú), anarquistas (FAI), anarcosindicalistas (CNT), nacionalistas vascos del PNV (conservadores) y nacionalistas catalanes (la Lliga Regionalista, de perfil conservador, y Esquerra Republicana, de signo contrario). Hubo dos mini-guerras civiles en el bloque antifascista: Barcelona en mayo de 1937 y Madrid en marzo de 1939. Las matanzas internas fueron permanentes. Desde luego, la historia militar no lo recordará como un ejemplo de unidad de mando.
A partir de ahí, una fratricida contienda civil y casi cuatro décadas de dictadura, cada una con su propia máscara: represión, autarquía, aislamiento, acercamiento a EEUU, desarrollismo tecnocrático, apertura controlada y lenta descomposición crepuscular del régimen que comenzó, paradójicamente, el día en que el almirante Carrero Blanco voló por los aires en 1973, en salvaje atentado atribuido a ETA.
Tras la dictadura y tras la muerte del general Francisco Franco (el 20 de noviembre de 1975, curiosa misma fecha en que se dio arbitrario boleto al fundador de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, en 1936; un asesinato, que no simple ejecución, convenientemente olvidado por el adanismo arrasador de cierta legislación memorialista), puede decirse que en 1978, en España, se pasó página. Esta vez, de verdad.
Con tan trágicos antecedentes, justo sería comenzar por reconocer a la Constitución de 1978 un mínimo de acierto y utilidad. Pero para hacerlo, uno debe colocar la honradez intelectual por encima de la adscripción política y del dogmatismo sectario (tan difícil en esta tierra que Francisco de Goya retrató con precisión quirúrgica y acertadamente representó en su cuadro Duelo a garrotazos).
La Constitución de 1978 fue un pacto entre diferentes, entre opuestos, otrora enemigos, tiempo ha enfrentados, en el que todos y cada uno de los actores debieron ceder, en pos del acuerdo y en pro de la convivencia. Una cosa, y la otra.
Un apretón de manos social en el que todos, y en especial los siete Founding Fathers (Gabriel Cisneros Laborda, Manuel Fraga Iribarne, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Gregorio Peces-Barba Martínez, José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo, Miquel Roca i Junyent y Jordi Solé Tura), entendieron que, para garantizar la convivencia, el orden interno y la paz social, debemos integrar, respetar y convivir con aquellos con quienes no compartimos prácticamente nada.
A estos efectos, no puede existir una virtud civil distinta de la concordia.
Una sociedad que buscó la concordia
Es difícil explicar la Transición sin caer en lugares comunes, pero basta un poco de honestidad histórica para entender lo extraordinario de aquel momento.
Sin entrar en mayores consideraciones (al cabo, este es un post para opositores y no quisiéramos que la legislación memorialista y el fiscal de guardia lo entendieran de otra manera) lo resumiremos modo dummie señalando que España venía de un régimen autoritario y no democrático de casi cuatro décadas. En el sentido moderno liberal, no hubo elecciones libres.
De acuerdo con la Ciencia Política tradicional, tampoco se diría que fuese un régimen de partido único: más bien un régimen de un único partido (habrá quien no detecte matiz, pero lo tiene). Con las restricciones a la libertad política propias de todo régimen autoritario (que no totalitario), los espacios de libertad individual solo se admitían dentro de los contornos del Movimiento.
Es difícil caracterizar en bloque un régimen que duró cuarenta años: el franquismo de 1938 se parece muy poco al de 1968. En conjunto, fue un régimen dictatorial y autoritario, no liberal, no democrático, progresivamente desideologizado y abiertamente desarrollista (desde el PE/59), de tipo genéricamente conservador y esencialmente católico.
Y, aun así, en 1978, se hizo algo improbable: se abrió una puerta. No una puerta dogmática, no una puerta partidista, sino una puerta civil. Una puerta que decía: “Aquí cabemos todos, incluso los que no se soportan”.
Esa puerta fue la Constitución de 1978 y con ella el advenimiento del régimen democrático, un texto basado en el Derecho, emergido de la Nación (poder constituyente y poder constituido) y plenamente homologable a las Constituciones de los países de nuestro entorno europeo, sin duda de ningún género.
Entre ellas, la Constitución austriaca (1945, restaurando la de 1920), la Ley Fundamental de Bonn (1949), la Constitución republicana italiana (1947-1948), la danesa (1953), la francesa de Charles de Gaulle (1958), la griega tras la Dictadura de los Coroneles (1975), la portuguesa tras el régimen autoritario del Estado Novo (1976), o la nunca escrita Constitución británica, basada en la common law y en las Acts of Parliament.
Más recientemente: la de Bélgica, revisada en 1993, o la de Holanda, en 1983, un país que nos tiene alta manía a fuer de un pasado triunfal desactivado por el Duque de Alba y por Andrés Iniesta.
La democracia española no llega tarde a Europa. Basta advertir los países y fechas expuestos para comprobarlo. Incluso los Estados con textos más antiguos (como Países Bajos o Bélgica o Noruega) no los han reformado en profundidad hasta bien entrado el siglo XX. En ese contexto, 1978 no es una anomalía: es la normalización de España dentro del constitucionalismo europeo contemporáneo.
Por consiguiente, en el mapa constitucional europeo, España no es la rara avis que ciertos cenizos malintencionados necesitan pro domo sua para sostener su relato: esa caricatura de país atrasado y condenado a una modernidad tardía y traumática. No hagáis caso: en 1970, España ya era la 12.ª potencia industrial del mundo. En 2007, España era la 8.ª potencia económica mundial. Como siempre, dato mata relato. ¡Cosas veredes, amigo Sancho!
La grandeza de lo que no grita
La Constitución no tiene la épica de una batalla ni la brillantez de un poema. No está escrita para emocionar, sino para sostener. En eso reside su grandeza. Es un texto que no busca aplausos, sino estabilidad. No exige pasión, sino respeto.
No promete utopías, sino certezas (salvo el ambiguo Título VIII, cuya interpretación ha necesitado aproximadamente 30 años de doctrina constitucional para medio entenderlo -y, aun así, no las tengo todas conmigo-).
Es el tipo de texto que hace posible que un país funcione en silencio, mientras la vida cotidiana sigue su curso:
- colegios que instruyen
- hospitales que atienden
- policías que protegen
- funcionarios que trabajan (no hagáis la broma, que os veo venir)
- ciudadanos que ejercen sus derechos
- elecciones que se celebran
- gobiernos que se suceden sin violencia
La Constitución es la infraestructura jurídica, para algunos invisible, pero que hace posible lo que cotidianamente damos por hecho: matriz de nuestros derechos y libertades. Qué tan difícil es valorar las libertades cuando nunca te las han arrebatado.
Las generaciones nacidas bajo el manto protector de la Constitución quizá necesitemos un esfuerzo adicional y deliberado para valorar, en su justa medida, lo que costó alcanzarla. Y lo que se da por hecho, a veces, hay que celebrarlo con solemnidad.
El pacto improbable que nos sostiene
Para hacer posible la Constitución, casi todo el mundo tuvo que ceder:
- La Derecha, así llamada por simplificar, se redimió de su pasado autoritario.
- La Izquierda se olvidó de sus sueños revolucionarios (el PSOE renuncia al marxismo en 1979 y el PCE de Carrillo acepta la Bandera y la Monarquía).
- El Ejército se subordinó plenamente al poder civil.
- La Iglesia aceptó la aconfensionalidad del Estado.
Con mil y un matices que cabría hacer, es cierto, pero en esencia, así fue.
La Constitución nació de adversarios que no se querían. Y precisamente por eso es un texto admirable. Porque confiaron sin estar de acuerdo.
Porque cedieron sin perder su identidad. Porque pusieron el futuro por encima del pasado. Porque cerraron viejas heridas, aunque por desgracia hoy algunos se empeñen denodadamente en reabrirlas.
No escribieron el país perfecto. Escribieron el país posible.
Y ese gesto, lejos de ser una renuncia, fue una forma de grandeza. 1978 no es una fecha sobre juristas: es una fecha sobre ciudadanos.
Al cabo, un país se sostiene en los gestos de moderación -y en eso que los modernos llaman consenso– mucho más que en los arrebatos de genialidad o de pura fuerza.
El deber cívico de recordar lo que nos hizo mejores
El 6 de diciembre no es un día para el folclore constitucional. Es un día para recordar:
- que la convivencia es frágil
- que la libertad es delicada
- que la paz civil exige renuncia
- que los derechos no son regalos
- que la democracia es un quehacer diario
El texto de 1978 no es sagrado, pero es valioso. No es eterno, pero ha sido estable.
No es perfecto (tampoco lo somos quienes criticamos su imperfección), pero ha permitido que millones de personas vivan un periodo de estabilidad y progreso que apenas admite el cotejo en la historia de la vieja Hispania. Eso, en perspectiva histórica, es un logro monumental. Y no reconocerlo, ignorancia o miopía.
Como ya nos consta, ninguna otra constitución española (entre 1812 y 1931) consiguió algo parecido. Ninguna permitió integrar a todos sin excluir a nadie, y ninguna propició uno de los mayores periodos de paz social y prosperidad material que hayamos conocido.
De la Ley a la Ley. Torcuato Fernández-Miranda, el arquitecto jurídico de la Transición
En los temas de las oposiciones estudiamos los antecedentes de la Constitución y la transición. El contexto jurídico-político y social del que brotó nuestra más Alta Norma.
Uno de los personajes clave fue Torcuato Fernández-Miranda, arquitecto intelectual y jurídico de la Transición, el verdadero muñidor y el estratega en la sombra sin cuyo talento no habría sido posible pasar de un orden legal a otro del mismo carácter.
En efecto, fue el autor de la fórmula que haría posible la metamorfosis jurídica más audaz de nuestra historia reciente: “De la ley a la ley, pasando por la ley”.
Su ingeniería constitucional es probablemente el mayor ejemplo práctico de iuspolítica aplicada que ha conocido nuestra historia contemporánea. Su lealtad al proceso, su inteligencia técnica y su capacidad para anticipar el conflicto y convertirlo en norma, hacen que deba ocupar un lugar más visible en cualquier homenaje al 6 de diciembre.
Es imposible hablar de la Constitución de 1978 sin mencionar a uno de sus artífices invisibles: Torcuato Fernández-Miranda. Jurista brillante, presidente de las Cortes franquistas y, en su día, profesor de Derecho Político del entonces Príncipe Juan Carlos en sus años de formación (1955 a 1958), cuando el joven heredero vivía en Estoril con su familia pero era educado en España bajo tutela del régimen, hasta que Franco le comunicó, en 1969, su decisión: sería sucesor a título de Rey.
Torcuato entendió que la única forma viable de desmontar el régimen sin ruptura violenta pasaba por una estrategia perfectamente legal (y, al mismo tiempo, profundamente transformadora). Su inteligencia técnica diseñó el puente que permitió al Rey Juan Carlos y a Adolfo Suárez cruzar del autoritarismo a la democracia sin naufragar en el intento.
Sin su papel como muñidor del cambio y estratega jurídico, la Transición no habría sido posible tal y como la conocemos. Si hoy celebramos un texto constitucional integrador y basado en el Derecho (y no otro estallido civil) es en buena parte gracias a su genio silencioso y a la generosidad de cuantos lo hicieron posible.
Y quizá por eso, como ocurre con los grandes juristas, su obra se mide más por lo que evitó que por lo que gritó.
El opositor, futuro funcionario, guardián civil de la Constitución
La Constitución no solo la defienden los jueces ni los juristas ilustres. La defienden cada día miles de personas anónimas que se preparan en silencio para ingresar en la Administración.
Personas que estudian sin cámaras, que se examinan sin aplausos y que, si aprueban, pasarán los próximos 30 o 40 años garantizando (desde cualquier despacho, oficina o departamento) que el Estado siga funcionando conforme a Derecho, que la actuación administrativa se acomode a las Leyes que nos hemos dado.
En definitiva: que, respetando esa legalidad, se preste un adecuado servicio a los intereses generales, que son justamente los que la Administración abandera y protege.
Tú, que opositas, eres una de esas personas.
Cuando te preparas para dominar una ley, para responder un caso práctico, para superar un test infernal… no solo lo haces para aprobar. Lo haces porque el Estado de Derecho necesita técnicos rigurosos que lo sostengan por dentro, con rigor, con criterio y con conciencia de lo que representa cada papel, cada acto administrativo, cada firma, cada trato al ciudadano, cada expediente gestionado.
Al fin y al cabo, la democracia no solo se defiende votando: también se defiende trabajando y sirviendo bien, o, al menos, siendo lealmente comprometidos.
Por eso, opositor, el 6 de diciembre te interpela.
Porque tú también formas parte de ese pacto. Porque si apruebas, serás uno de los encargados de hacerlo cumplir. De garantizar que funcione. Que perdure.
No solo estudias leyes para conocerlas y aplicarlas.
También para servirlas. Para protegerlas.
Conclusión: la Constitución no se celebra, se honra
Hoy, 6 de diciembre, no celebramos un texto. Celebramos que España eligió un camino difícil: el de comprenderse, el de escucharse, el de convivir.
El de dejar atrás lo que nos dividía y construir algo que, con todas sus imperfecciones, nos permite mirar hacia adelante, con esperanza y determinación.
Pero esto es frágil y no debemos darlo por sentado: los enemigos de la libertad nunca descansan, y los salteadores de caminos constitucionales tampoco.
No olvidemos que, durante buena parte de nuestra historia, el poder se ejerció sin límites democráticos. Solo en el mundo moderno (como explicó Max Weber) la violencia legítima quedó reservada al Estado, pero la Historia demostró cuántas veces esa legitimidad fue pervertida para atropellar derechos y libertades individuales.
El sangriento siglo XX nos lo recordó con crudeza: totalitarismo y barbarie en el siglo en el que más personas murieron de manera provocada por el hombre, en cinco mil años de Historia documentada. En cincuenta siglos de historia recordada, nunca nos habíamos matado tanto. No hay en el siglo XXI apenas un año en el que no podamos “conmemorar” alguna atrocidad del siglo XX.
Para quienes defendemos la libertad y queremos disfrutarla en su plenitud, no hay ni habrá lugar donde habite el olvido.
Lo que este post expone son hechos históricos. Mi profundo respeto por la Historia me impide falsearla, y si alguna vez desbarro, rectificaré; oiga, que nadie es perfecto y “hasta Homero dormitaba”.
En suma, querido opositor, la Constitución no es una reliquia. Es un compromiso. Y los compromisos, cuando se cumplen, merecen ser honrados.
Feliz 6 de diciembre.
Feliz Día de la Constitución, la Norma que (como recordaba Hobbes) sustenta al Estado.
Feliz aniversario del Pacto que, todavía hoy, nos sostiene.
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